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Los legisladores españoles deben rechazar la reforma propuesta que pretende cerrar la puerta a la justicia para los crímenes más graves

Los legisladores españoles deben  rechazar la reforma propuesta que pretende cerrar la puerta a la justicia para los crímenes más graves

La proposición de ley supone una grave limitación de la jurisdicción universal sobre crímenes de derecho internacional y violaría tratados internacionales fundamentales

Madrid, 10 de febrero de 2014 – El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado la tramitación urgente de una reforma que limita la facultad de los jueces españoles de investigar y enjuiciar graves crímenes de derecho internacional. De aprobarse la proposición de reforma de la Ley Orgánica que regula la jurisdicción universal, supondría una violación de obligaciones internacionales y podría consagrar la impunidad de muchos responsables de graves crímenes. El Grupo Parlamentario Popular justifica la necesidad de la reforma alegando un uso excesivo de la jurisdicción universal. Sin embargo, de aprobarse la proposición de ley se cerrará la puerta para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos de acceder a los tribunales españoles para reclamar justicia. Unas víctimas que improbablemente puedan obtenerla de otra manera, especialmente, en sus propios países.

El principio de jurisdicción universal atribuye a los tribunales nacionales la capacidad de perseguir y enjuiciar una serie de graves crímenes que independientemente del lugar de su comisión y de la nacionalidad de los autores o víctimas, atentan contra la Comunidad Internacional en su conjunto. Estos crímenes incluyen el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura y la desaparición forzada. El consenso de la Comunidad Internacionales es muy claro: estos crímenes golpean la conciencia de la humanidad y han de ser castigados; es deber de todo Estado investigar y perseguir a sus responsables. La proposición de ley, sin embargo, introduce un amplio y complejo conjunto de requisitos que deben cumplirse para que los tribunales españoles tengan competencia para investigar y perseguir esos crímenes. En particular, la proposición de ley establece que en el caso de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, para que puedan investigarse y enjuiciarse en España, el sospechoso debe ser o bien español; o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España; o un extranjero que se encuentre en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas.

Por su parte, respecto a los delitos de tortura y  desaparición forzada, la proposición de ley exige que el sospechoso sea un español; o alternativamente que la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de comisión de los hechos y la persona sospechosa se encontrara en territorio español. En caso de no cumplirse estos requisitos, la proposición también habilita a los jueces españoles a perseguir delitos cuyo carácter obligatorio venga impuesto por un tratado internacional, siempre y cuando el sospechoso sea extranjero, se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas. De aprobarse todo ello, sería un golpe devastador para la jurisdicción universal y para los compromisos internacionales de España de asegurar que los crímenes más graves no quedan en la impunidad. (Fragmento de la carta de FIDH firmada por AIETI y otras más de 50 organizaciones).

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